Competencia judicial en el concurso consecutivo

Autor:Tatiana Cucurull Poblet
Cargo del Autor:Abogada y profesora derecho civil UOC
 
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Para determinar la competencia judicial en el concurso consecutivo el concepto de empresario será concluyente.

Contenido
  • 1 Cuestiones previas sobre la competencia judicial en el concurso consecutivo
  • 2 Condición de “empresario”
  • 3 Órgano competente para conocer el asunto
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
    • 5.2 En dosieres legislativos
    • 5.3 En webinars
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Cuestiones previas sobre la competencia judicial en el concurso consecutivo

El artículo 696 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal ( TRLC ), establece la competencia para declarar el concurso consecutivo.

Anteriormente, con la entrada en vigor de la Ley Concursal de 2003 ( Ley 22/2003, de 9 de julio ) y la creación de los Juzgados de lo Mercantil, se favoreció el derecho de insolvencias. No obstante, esta especialización judicial se vio afectada por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 7/2015, de 21 de mayo, la cual, bajo la justificación de conseguir “un mejor reparto de asuntos entre juzgados” (Preámbulo LO 7/2015 , III) quebrantó esta especialización judicial.

En materia concursal, han sido varias las reformas legislativas que han tratado de paliar la falta de conciencia de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio , sobre el concurso de la persona física. Sin embargo, una de las medidas que más destacó, por la inseguridad que comportaba en la práctica jurídica, fue la modificación de la competencia objetiva en materia concursal.

En cuanto a las personas jurídicas, no hay lugar a dudas en que la competencia para declarar y tramitar el concurso de acreedores corresponde a los jueces de lo mercantil. Sin embargo, el Ordenamiento jurídico español no contempla un procedimiento concursal de personas físicas. No obstante, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de junio, lo que hizo fue atribuir a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento de los concursos de las personas naturales, siempre que éstas no tengan la condición de empresarios, arrebatándole así el ámbito de competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil.

De este modo, si se atiende a lo que dispone el artículo 85.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ( LOPJ ), los Juzgados de Primera Instancia conocerán “De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora”.

Además, el artículo 86 ter 1 de del mismo texto legal, atribuye a los Juzgados de lo Mercantil competencia:

“de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 85.6 ”.

Por lo tanto, para los concursos de personas jurídicas y personas naturales que sean empresarios, se mantiene la competencia objetiva de los Jueces de lo Mercantil.

Tal y como se desprende del Auto núm. 109/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid [j 1], el criterio legal de distribución de la competencia objetiva entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil para conocer de los concursos de los deudores personas naturales es puramente subjetivo. Es la condición de empresario del deudor, o su falta, la que determina la competencia objetiva para conocer del concurso.

No obstante, a pesar de todo, en segunda instancia, la unidad de competencia queda restablecida gracias a lo dispuesto en el artículo 82.2.2º LOPJ , el cual atribuye el conocimiento a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.

Como consecuencia de la situación excepcional producida por la COVID-19, se ha publicado la Ley 3/2020, de 18 de septiembre , la cual establece que:

“los jueces de adscripción territorial por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales, con carácter preferente, en órganos judiciales que conozcan de procedimientos asociados al COVID-19” ( art. 20 ).
Condición de “empresario”

La controversia competencial se debe al criterio utilizado por el legislador para atribuir a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para conocer del concurso de personas físicas que no sean empresarios. En el proceso civil, hasta la publicación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio , los asuntos se distribuían con arreglo a los criterios jerárquicos de cuantía y materia.

Por tanto, el elemento esencial para saber la competencia judicial del concurso consecutivo reside en el concepto de empresario. El Ordenamiento jurídico español no contempla un concepto unitario de “empresario”, aunque sí lo hace en el artículo 1 del Código de Comercio ( CCom ) sobre la figura de comerciante.

A tal efecto, y al no existir una ley reguladora de los empresarios y ante la insistente remisión por parte de la LOPJ a la Ley reguladora (artículo 85.6 y 86...

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