Contrato de adhesión

Autor:Barbara Ariño y Manuel Faus
Cargo del Autor:Abogada y Notario
 
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Al lado de los contratos en los que puede entenderse que, en mayor o menor medida, hay un cierto equilibrio entre de cada parte que libremente acuerda contratar y en qué forma, hay supuestos en que la realidad social y económica hace que una de las partes no pueda realmente negociar el contrato y sus condiciones, no hay tratos preliminares ni posibilidad de contraofertas, sino la única decisión es contratar en los términos prefijados por la parte dominante o no contratar. Son los llamamos contratos de adhesión.

Contenido
  • 1 Realidad económica
  • 2 Concepto de contrato de adhesión
  • 3 Requisitos del contrato de adhesión
  • 4 Control de incorporación en el contrato de adhesión
  • 5 Control de transparencia en el contrato de adhesión
  • 6 Control de abusividad en el contrato de adhesión
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
    • 8.1 En formularios
    • 8.2 En doctrina
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Realidad económica

Como pone de manifiesto la STS de 9 de mayo de 2013, [j 1] en ciertos sectores de la economía, debido a los costes de los recursos que se deben invertir para llevar a cabo una negociación individualizada y al elevado volumen de operaciones que se concluyen en determinadas actividades negociales, se han sustituido los tratos personalizados de los términos y las condiciones de los contratos, por la contratación mediante condiciones generales propias del tráfico en masa.

En tales supuestos, se produce una predisposición del contenido contractual por parte del profesional o empresario, de modo que el destinatario -tanto si es otro profesional o empresario, como si es consumidor o usuario- acepta o rechaza sin posibilidad de negociar de forma singularizada, dando lugar a lo que la STS 406/2012, de 18 de junio, [j 2] califica como «un auténtico modo de contratar, diferenciable de la contratación por negociación, con un régimen y presupuesto causal propio y específico».

Este modo de contratar determinó que la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) introdujese ciertas especialidades conducentes a un tratamiento asimétrico, con la finalidad de restablecer en la medida de lo posible la igualdad de posiciones.

En este tema, se van a exponer las notas generales de este tipo de contratos de adhesión o en masa, así como las reglas aplicables para que surtan efectos las condiciones generales que se incorporen a los mismos.

Concepto de contrato de adhesión

Por contrato de adhesión se entiende aquél que contiene cláusulas, estipulaciones o condiciones de carácter general redactadas de forma previa por una empresa para aplicar a todos los contratos que la misma celebre, y cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario si desea obtener el bien o servicio de que se trate.

La característica principal del contrato de adhesión es, pues, que su redacción, o la procedencia de su contenido, no está negociado y tiene su origen en una de las partes contratantes que, normalmente, tiene o se favorece de una posición de cierta primacía dentro del mercado.

En términos de la STS 274/2003, 21 de marzo de 2003, [j 3] el contrato de adhesión es:

«aquel en el que una de las partes establece un contenido prefijado, de tal modo que la conclusión del contrato no va precedida por una discusión del posible contenido del mismo por las partes contratantes. Las cláusulas no pueden ser más que pura y simplemente aceptadas, y si los interesados desean contratar, han de hacerlo aceptando el contenido que con carácter inmodificable se da al contrato».

En el mismo sentido se manifiesta toda la jurisprudencia. Contrato de adhesión es aquel en que la esencia del contrato, y su cláusula, han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de negociarlas, hacer contraofertas ni modificarlas, sino simplemente aceptar o no; se mantiene la libertad de contratar (libertad de celebrar o no el contrato) pero no la libertad contractual (libertad de ambas partes, no de una sola, de establecer las cláusulas que acepten mutuamente) -Sentencias 28 noviembre 1997 [j 4] y 13 noviembre 1998-. [j 5]

Son los redactados únicamente por una de las partes y en los que a la otra solo le es permitida la manifestación de su aceptación o, eventualmente, de su rechazo (STS 27 julio 1999). [j 6] No obsta que la reglamentación la hubiere redactado o confeccionado una de las partes, porque esta circunstancia no hace desaparecer el carácter y naturaleza contractual del negocio convenido libremente, pues lo relevante es si aquella reglamentación se alcanzó con total libertad de obrar y decidir (STS 30 mayo 1998). [j 7]

En el ámbito de los contratos suscritos con consumidores, dispone el art. 1.1 LCGC que:

«son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos».

A su vez, cuando el contratante sea consumidor, el art. 80 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGCU) utiliza la expresión «cláusulas no negociadas individualmente» en los contratos celebrados con consumidores, siendo dicha expresión definida por el art. 3.2 de la Directiva 93/13 del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en lo sucesivo, Directiva 93/13/CEE ), considerando que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando ha sido redactada previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido, especialmente en los contratos de adhesión.

Puede verse https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-80526

Requisitos del contrato de adhesión

Como puso de manifiesto la STS Pleno de 9 de mayo de 2013, [j 8] la exégesis del art. 1 LCGC ha llevado a concluir que los requisitos para ser condición general de la contratación son los siguientes:

  • Contractualidad: se trata de "cláusulas contractuales" y su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión.
  • Predisposición: la cláusula ha de estar preredactada, siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, pues su característica es que no sea fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. Lo determinante, pues, como advierte la STS de 29 de noviembre de 2017, [j 9] es que las cláusulas hayan sido elaboradas o redactadas antes de la celebración del contrato, a cuyo efecto resulta indiferente el formato o soporte en que estén recogidas (documento impreso, archivo informático, etc.) o que el predisponente sea o no su autor material, pues es suficiente con que las utilice, con independencia de su autoría.

Así, el sujeto que predispone no necesariamente será el predisponente en la relación contractual, sino que lo será quien incorpore las cláusulas predispuestas al contrato. Si la ley exigiera que, para poder aplicar la normativa protectora, el predisponente debiera ser el autor material del contenido contractual, a éste le sería fácil eludir el régimen legal de condiciones generales mediante el encargo de la redacción a un tercero.

  • Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes (y, aunque la norma no lo exige de forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser impuesta por un empresario). De tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato sólo puede obtenerse si se acata la inclusión de la cláusula en el mismo.

Para valorar esta imposición del contenido de una cláusula, la STS Pleno de 22 de abril de 2015 [j 10] ha señalado que una cláusula se considerará negociada cuando el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario. No bastará, pues, con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe de “condiciones particulares” o menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter negociado.

En todo caso, esta "imposición del contenido" del contrato no puede identificarse con la "imposición del contrato" en el sentido de "obligar a contratar". Es el consumidor el que, ponderando sus intereses, en el ejercicio de su libertad de contratar, deberá decidir si contrata o no y con quien, ya que una cosa es la prestación del consentimiento de forma individualizada, voluntaria y libre, y otra identificar tal consentimiento en el contenido con la previa existencia de negociación individualizada del mismo.

  • Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse.

En definitiva, desde un punto de vista negativo, para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de la contratación, como hemos indicado, resulta irrelevante la autoría material, la apariencia externa, su extensión y cualesquiera otras circunstancias; pero también que el adherente sea un profesional o un consumidor pues, como advierte la Exposición de Motivos de la LCGC :

«la Ley pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su actividad contractual».

Y que:

«las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores».

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