El contrato de mandato

Autor:Bárbara Ariño y Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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Por el contrato de mandato se obliga una persona a realizar actos jurídicos, por cuenta y encargo de otra, pudiendo ser el mandato expreso o tácito, y general (que alcance a todos los negocios del mandante) o especial (que comprenda sólo uno o más negocios determinados), sin que pueda el mandatario traspasar los límites del mismo.

Contenido
  • 1 El mandato según el Código Civil
    • 1.1 Concepto de mandato
    • 1.2 Caracteres del mandato
    • 1.3 Clases de mandato
    • 1.4 Obligaciones de las partes
    • 1.5 Extralimitación del mandato
    • 1.6 Extinción del mandato
  • 2 El mandato según el Código Civil Catalán
  • 3 Recursos adicionales
    • 3.1 Formularios
    • 3.2 En doctrina
  • 4 Legislación básica
  • 5 Legislación citada
  • 6 Jurisprudencia citada
El mandato según el Código Civil Concepto de mandato

Dispone el art. 1709 del Código Civil (CC) que:

el contrato de mandato es aquél por el que una persona (mandatario) se obliga a prestar un servicio o hacer alguna cosa, por cuenta y encargo de otra (mandante).

En este sentido, debe indicarse que la expresión “prestar algún servicio o hacer alguna cosa” viene referido a actos jurídicos tal y como ha declarado la STS de 3 de abril de 2012 [j 1]

Caracteres del mandato

Las notas características del mandato son:

  • Libertad de forma, según resulta del art. 1710, CC en virtud del cual el mandato puede ser expreso (formalizado en documento público o privado o incluso verbal), o tácito. Como indica la STS 285/1995, de 29 de marzo [j 2] es doctrina reiterada del TS que:
Por su carácter consensual, la validez del mandato viene determinada por la existencia del consentimiento, cualquiera que sea la forma en que se manifieste: expresa o tácita, por escrito o verbal (sentencias de 16 de marzo de 1951, 25 de octubre de 1975 y 12 de febrero de 1983 y otras).

Véase, igualmente, sobre la validez del mandato verbal la STS 29/2004, de 29 de enero [j 3], y las que en ella se citan.

  • Es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario. Ahora bien, si el mandatario tiene por ocupación la prestación de servicios de la especie a que haga referencia el mandato, se presume la obligación de retribuirlo (art. 1711, CC).
Clases de mandato

Se habla de mandato simple y mandato representativo y de mandato general o especial.

Resulta relevante la Sentencia nº 63/2008, de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de febrero [j 4] que establece la distinción entre ambas figuras, y los efectos que producen en la relación con terceros.

a).- Mandato simple

  • El mandato simple es aquél en que el mandatario actúa en nombre propio (sin revelar que gestiona intereses ajenos), pero por cuenta, interés y encargo de su mandante.
  • En este tipo de mandato no se produce ninguna vinculación entre el mandante y los terceros, quienes tendrán acciones exclusivamente contra el mandatario, sin perjuicio de las que puedan derivar de la relación de mandato propiamente dicha entre mandante y mandatario (art. 1717, CC). Dice la STS de 13 de abril de 1994: [j 5]
como de simple mandato sin poder, sin matiz alguno de representación directa, en el que el mandatario obra exclusivamente en su nombre, no en el del mandante, si bien por cuenta y encargo de éste, supuesto de mandato a que se refiere el art. 1717, CC, y del que se ha ocupado con reiteración la jurisprudencia de esta Sala que en su Sentencia de 17 de diciembre de 1959 afirma que: "nuestro Código Civil admite el mandato puro en los apartados 1.º y 3.º del art. 1717, conteniendo el primer apartado una denegatio actionis entre tercero y dominus, esto es, las acciones derivadas de la relación -aquí excluida- de representación directa, afirmando sustancialmente que cuando el mandatario actúa en su propio nombre -no en el del mandante- no hay contemplatio domini, y, por consiguiente, se excluyen la representación directa y sus efectos, las actuaciones entre tercero y mandante, aclarando el legislador la vigencia de las acciones directa y contraria en las relaciones jurídicas entre mandante y mandatario, porque si bien excluye la representación -el poder-, no anula el mandato ni, por consiguiente, sus dos acciones típicas".
  • esta figura da lugar a la llamada fiducia cum amico, que tienen especial relieve cuando se trata del dominio o de un derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad. En efecto:

Puede ocurrir que haya un titular registral que no sea el real debido a una adquisición (normalmente una compra) en la que actúa una persona en nombre propio pero en interés ajeno; esta figura queda reconocida expresamente en el artículo 1.717 del Código Civil, y en la jurisprudencia y el Derecho debe tender a que la realidad se imponga al título formal; por ello debe tratarse en este tema.

Históricamente se consideraba al representante (al titular formal) como dominus y para regularizar la situación debía transmitir el dominio al verus dominus.

Pero la tesis actual es distinta: la propiedad pertenece al «dominus» desde la consumación del contrato, de forma que el gestor no es más que un poseedor en nombre ajeno (artículo 439 y 463 del Código Civil) por lo que no puede llegar a adquirir el dominio por vía de usucapión ordinaria por falta de justo título (artículos 447, 1.941 y 1.952 del Código Civil); más aún, el «dominus» puede ejercitar la acción reivindicatoria frente a él. Confirma esta idea el artículo 80 de la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003 cuando dice que «los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos.»

El problema, dice la Resolución de la DGRN de 13 de junio de 2.018 [j 6] es la forma de acreditación de su titularidad que, de momento, puede quedar reservada u oculta. Es evidente que si la titularidad pertenece al representado ab initio, no es preciso un acto de transferencia a su favor, como entendió la tesis clásica, pues el derecho, según lo dicho, ya le pertenece, por lo que la transmisión, de realizarse, no pasaría de ser un mecanismo de simulación, como tal, nula por falta de causa (artículo 1.275 del Código Civil). Pero, desde luego, la titularidad del representado, siquiera sea de manera provisional, puede permanecer oculta como consecuencia de la propia mecánica de la representación indirecta y cualquier solución no ha de perjudicar al tercero de buena fe que haya contratado con el titular registral.

Para regularizar la situación, es preciso un acto que revele hacia el exterior la titularidad. En esa situación, la vía recta que permitirá acreditar la titularidad del «dominus» podrá ser:

    • voluntaria, mediante la escritura otorgada por el representante y aquel en la que el primero reconozca erga omnes el derecho del último (cfr. artículo 540 del Código Civi)l , escritura que 'no es, en puridad, una rectificación o modificación del título previo; por ello no requiere el otorgamiento por todas las partes implicadas en la relación, no necesita ni la concurrencia ni el consentimiento del tercero que contrató con el representante, porque lo cierto es que, en la realidad de las cosas, el título previo y la relación contractual establecida y en él documentada no se modifica -se trata de simple adecuación de la titularidad formal a la realidad-, y el contrato sigue produciendo todos sus efectos entre quienes lo suscribieron.
    • o en caso de que no exista acuerdo entre las partes, la sentencia declarativa de la relación representativa y del dominio del sujeto representado, una vez que en el proceso se haya justificado debidamente la relación representativa.

En definitiva, como dice la Resolución de la DGRN de 21 de junio de 2.018 [j 7] es inscribible el reconocimiento del dominio, como adecuación de la titularidad formal a la realidad, siempre que se otorgue por las únicas partes que deben hacerlo, en tanto que por ellas se reconoce un pacto de fiducia, sin que pueda mantenerse que sea un título carente de causa si en él se exterioriza la relación de representación que hasta ese momento había permanecido reservada.

Se reitera esta doctrina en la Resolución de la DGRN de 20 de julio de 2018 [j 8]

b).- Mandato representativo

  • El mandato representativo es aquél en que el mandatario actúa en nombre del mandante, por lo que éste es parte en los contratos o actos jurídicos que, gestionando sus intereses, celebra el mandatario con terceros.
  • Como consecuencia, el mandante es quien adquiere los derechos y asume las obligaciones que se derivan de esos actos o contratos debiendo cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato (art. 1727, CC).

c) mandato general o especial

  • El CC indica que el mandato puede ser general, cuando comprende todos los negocios del mandante, o especial cuando se extiende sólo "uno o más negocios determinados" del mismo.
  • Según dispone el art. 1713, CC, tanto el mandato general -para todos los asuntos del mandante- como el mandato especial -para uno o varios asuntos del mandante- puede conferirse en términos generales, en cuyo caso el mandatario solamente podrá llevar a cabo actos de administración; o también conferirse en términos especiales, en cuyo caso se autoriza expresamente al mandatario para efectuar actos de disposición o de riguroso dominio. En este punto, la Sentencia nº 230/2011 de la Audiencia Provincial de Baleares, de 29 de junio [j 9] ha precisado que no cabe mandato tácito en términos especiales toda vez que:
tales actos son atinentes a terceros y, por consiguiente, necesitan estar expresamente autorizados por el mandante, siendo insuficiente el mandato concedido en términos generales.

Indica la Resolución de la DGRN de 25 de octubre de 2016 [j 10] que el art. 1712, CC no atiende propiamente a la naturaleza de los actos -de administración o disposición- sino al ámbito de los negocios del mandante a que se refiere, es decir al alcance o a la extensión del mandato...

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