Prohibiciones de disponer voluntarias y ordenadas por la ley, la administración o el juez

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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La prohibición de disponer es una limitación de las facultades dispositivas del titular de un bien.

Contenido
  • 1 Concepto y origen
  • 2 Naturaleza jurídica
  • 3 Efectos
    • 3.1 Prohibición impuestas por el otorgante de un negocio jurídico
      • 3.1.1 a).- Clases
      • 3.1.2 b).- Interpretación de las prohibiciones de disponer
    • 3.2 Prohibición de disponer impuestas por la Ley
    • 3.3 Prohibiciones impuestas por la Administración o por la Autoridad judicial
  • 4 La mecánica registral respecto a las prohibiciones de disponer
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Concepto y origen

La Sentencia nº 981/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 30 de Diciembre de 2011 [j 1] define la prohibición de disponer como:

la privación o restricción del poder de disposición que forma parte del derecho subjetivo y que impide el acto de disposición con mayor o menor amplitud según haya sido previsto. La prohibición de disponer puede establecerse en todo acto a título gratuito, sea mortis causa (a que se refiere la sentencia 11 de diciembre 2001) o intervivos, cuya constancia en el registro de la propiedad contempla el art. 26 .3 de la Ley Hipotecaria .(LH)

El supuesto más claro es el del donante que impone al donatario la prohibición de disponer del bien donado, sea en forma absoluta, sea sólo en determinados casos.

Pero también pueden ser impuestas en un acto mortis causa, afectando al heredero o legatario.

Ahora bien, también hay prohibiciones de disponer impuestas por la Ley, o por declaración judicial o administrativa.

No cabe someter a todas las prohibiciones de disponer a un solo y único régimen jurídico, pues su regulación y finalidad no son unitarias. Por ello, como advierte la Resolución de la DGRN de 29 de enero de 2016 [j 2] es preciso distinguir entre las voluntarias y las administrativas y judiciales y, entre estas, entre las decretadas en procedimientos civiles y penales.

Naturaleza jurídica

Las prohibiciones de disponer no son derechos reales, cuya inscripción perjudique a terceros adquirentes, sino restricciones que, sin atribuir un correlativo derecho al beneficiado por ellas, limitan el ejercicio de la facultad dispositiva («ius disponendi») de su titular (Resolución de la DGRN de 13 de octubre de 2005). [j 3]

Ello tiene como consecuencia, según pone de relieve la Resolución de la DGRN de 2 de noviembre de 2018, [j 4] que tales restricciones no impiden la realización de actos dispositivos forzosos, sino tan sólo los actos voluntarios de transmisión «inter vivos», por lo que un bien gravado con una prohibición de disponer es susceptible de ser transmitido «mortis causa» o en virtud de los citados actos dispositivos de carácter forzoso. Así resulta del principio de libertad de tráfico, con amparo en el artículo 348 del Código Civil, el cual exige que las limitaciones legítimamente impuestas a la propiedad y, en consecuencia, a su facultad dispositiva, sean interpretadas de forma restrictiva sin menoscabo de los intereses que las justifican.

Efectos Prohibición impuestas por el otorgante de un negocio jurídico a).- Clases

A su vez pueden establecer en actos a título gratuito y o en actos a título oneroso y sus efectos.

En cualquiera de estos casos, el gravado con la prohibición, al aceptar el negocio jurídico y sus consecuencias, está sujeto a ella y debe abstenerse de contradecir dicha limitación.

Pero los efectos, en especial si se trata de bienes inscribibles en cualquier Registro Público son muy distintos, según el negocio que las impone.

Actos a título gratuito:

Así, si nos referimos a bienes susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, observamos lo que dispone el art. 26, LH , al decir:

art. 26, LH.- Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el Registro de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas 3. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán inscribibles siempre que la legislación vigente reconozca su validez.

Por tanto, las prohibiciones de disponer impuestas en actos a título gratuito, son inscribibles, como dice la Ley, siempre que la legislación vigente reconozca su validez.

La Sentencia nº 228/2012 de AP Ávila de 22 de Noviembre de 2012 [j 5] trata un supuesto de una donación de una finca en la que la donante impone una prohibición de disponer sin más (prohíbe expresamente a los donatarios la enajenación o gravamen por cualquier acto o contrato intervivos de las fincas de las fincas donadas); para el Tribunal:

La redacción de la donación en la que hace constar que la donante se reserva el usufructo vitalicio de las fincas donadas y prohíbe expresamente a los donatarios la enajenación o gravamen por cualquier acto o contrato intervivos de las fincas donadas, no puede tener otra interpretación, que esa prohibición está referida a la vida de la donante, pues no se impone a los donatarios la obligación de conservar y transmitir los inmuebles donados, vinculándoles a la familia.

La Resolución de la DGRN de 16 de junio de 2015 [j 6] trata el problema de una donación con la prohibición de disponer sin el consentimiento de los padres donantes; el padre da el consentimiento, pero la madre tiene una enfermedad mental, sin incapacitación legal; es evidente que la donante discapacitada no va a poder dar su consentimiento; la DGRN no se pronuncia sobre si exige la incapacitación de ésta por sentencia judicial, posterior designación de representante legal y además autorización judicial adicional, pero afirma que parece más acorde con las actuales orientaciones en la defensa de los intereses patrimoniales de las Personas con Discapacidad (cfr. artículo 12.4 y.5 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, de la que España es parte) debe buscarse en el ordenamiento jurídico –a falta de solución legal directa– soluciones que supongan la menor injerencia en la autonomía patrimonial del discapacitado, siempre, en Derecho común, bajo protección judicial.

  • Actos a título oneroso:

Ahora bien, las prohibiciones de disponer impuestas a título oneroso no son inscribibles, salvo que se garanticen con hipoteca o garantía real; así el art. 27, LH:

Las prohibiciones de disponer que tengan su origen en actos o contratos de los no comprendidos en el artículo anterior, no tendrán acceso al Registro, sin perjuicio de que mediante hipoteca o cualquier otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento.

La citada Sentencia del TS de 30 de Diciembre de 2011 [j 7] advierte que si la prohibición de disponer se ha impuesto en un acto a título oneroso, (por ejemplo un un contrato de compraventa),

la persona a la que afecta asume la obligación de no disponer en la medida en que se le ha impuesto la prohibición, pero no se le priva del poder de disposición, en el sentido de ser ineficaz (precisamente por la falta del poder de disposición) el negocio jurídico dispositivo que realice, aunque se dará un incumplimiento (así lo dice explícitamente la Sentencia de 17 de enero de 2001, [j 8] que reitera la Sentencia de 26 de julio de 1993); [j 9] cuyo incumplimiento puede estar previsto en el contrato, como en el caso presente en que se ha establecido una condición resolutoria para el caso de que incumpla la prohibición de disponer que le ha sido impuesta.

Por su parte, el art. 57 del Reglamento Hipotecario (RH) dice:

Cuando mediante hipoteca se asegure el cumplimiento de las prohibiciones de disponer a que se refiere el art. 27, LH, se inscribirán en un solo asiento el acto o contrato que las contenga y la hipoteca que se constituya, y se hará constar que se deniega la inscripción de la prohibición de disponer.

Es decir: se inscribe el acto y se inscribe la hipoteca, pero no la prohibición de disponer, por tanto, el titular dominical podrá disponer, pero, si dispone, el titular de la hipoteca la ejecutará con las consecuencias económicas que se hubieren pactado al constituir la hipoteca por incumplimiento de la obligación de enajenar.

Hay que tener presente que la prohibición de disponer, convenida en acto a título oneroso produce el efecto de que su incumplimiento da lugar a una indemnización por daños y perjuicios (numerosas sentencias del Tribunal Supremo), indemnización que puede garantizarse con dicha hipoteca u otra garantía real.

Por ello mucho autores defienden que las prohibiciones de disponer establecidos en contratos onerosos no son auténticas prohibiciones de disponer, en realidad son obligaciones de no disponer, como se comprueba en los efectos antes expresados.

La Resolución de la DGRN de 16 de agosto de 2011 [j 10] indica que no es inscribible la cláusula que prohíbe disponer que se inserta en una escritura de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca.

La Resolución de la DGRN de 26 de junio de 2013 [j 11] decide que no es inscribible un convenio entre ascendientes y descendientes pactando una prohibición de disponer de una finca que es adquirida en parte con dinero donado por aquellos a su hijo.

b).- Interpretación de las prohibiciones de disponer

Las prohibiciones de disponer deben interpretarse restrictivamente.

Así, por ejemplo:

  • la prohibición de vender no impide extinguir la comunidad de común acuerdo o renunciar un comunero a su cuota acreciendo a los demás.
  • la prohibición de vender, en principio, no impide donar. Impuesta en un testamento cabría en un procedimiento contradictorio llegar a interpretar que el causante quisiere con la prohibición impedir también cualquier enajenación, incluso gratuita, pero ello no es competencia del registrador; como dice la Resolución de la DGRN de 21 de marzo de 2018 [j 12] no puede prevalecer la interpretación presunta de la voluntad del causante que realiza el registrador.
  • si la prohibición es de enajenación y no de disponer con...

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