Autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente en los expedientes de jurisdicción voluntaria

 
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Una de las consecuencias del estatus jurídico del menor o de las personas con la capacidad modificada judicialmente, se concreta en la limitación de su capacidad de obrar,limitación que debe ser corregida con la tutela de un representante legal. La función de garante que asume el representante legal, -ya sean los progenitores, el tutor, el curador o el administrador de un patrimonio protegido- engloba una doble dimensión, que se concreta tanto en las actuaciones personales como en las decisiones patrimoniales, que pueden afectar al menor o a la persona con capacidad judicialmente modificada.

Sin embargo, la actuación y gestión del patrimonio que efectúa el representante legal del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente, se encuentra, en determinados casos establecidos legalmente, restringida, exigiéndose un grado más de protección por la trascendencia o naturaleza de los actos en cuestión. Este plus garantista se concreta en el control judicial de los actos dispositivos de su patrimonio, a través de los expedientes de jurisdicción voluntaria de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente.

Contenido
  • 1 Regulación legal del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente
  • 2 Ámbito de aplicación del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente
  • 3 Elementos personales del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente
    • 3.1 Órgano competente
    • 3.2 Legitimación para intervenir en el expediente
    • 3.3 Postulación procesal en el expediente
  • 4 Tramitacion del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente en los expedientes de jurisdicción voluntaria
    • 4.1 Solicitud del expediente
    • 4.2 Análisis de la solicitud
    • 4.3 La comparecencia
    • 4.4 Especialidades derivadas de la realización de dictamen pericial
    • 4.5 Resolución del expediente
      • 4.5.1 Posibles pronunciamientos de la resolución
      • 4.5.2 Criterios valorativos para dictar la resolución del expediente
    • 4.6 Impugnación de la resolución del expediente
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En doctrina
    • 6.3 Esquemas procesales
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Regulación legal del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente

Las normas de aplicación al expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente, se encuentran reguladas en diferentes textos legales:

Ámbito procesal: Arts. 61 a 66 del Capítulo VIII, del Título II : De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV) .

Ámbito sustantivo: Arts. 3 a 5 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (LPPPD) ; Art. 166 del Capítulo I del Título VII  : De las relaciones paterno-filiales, del Libro I: De las personas del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (CC) , y arts. 271 y 272 de la Sección 3ª, del Capítulo II, del Título X  : De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados, del Libro I: De las personas, del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil .

Ámbito de aplicación del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente

El objeto de este expediente de jurisdicción voluntaria se encuentra predeterminado por leyes de naturaleza sustantiva. El art. 61, LJV se limita a establecer cuál es la finalidad del expediente, esto es, obtener:

La autorización o aprobación judicial para la validez de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, pues de lo contrario estos actos o negocios no se considerarían válidos o perfeccionados. En este sentido, la STS de 22 de abril de 2010 [j 1], sostiene que: el fin de protección que busca el ordenamiento jurídico cuando exige autorización judicial", que no es otro que "la salvaguarda del interés de los menores, que no pueden actuar por sí y pueden encontrarse en situaciones de desprotección cuando alguien contrata a su nombre y obliga sus patrimonios sin el preceptivo control, ya que deberán asumir las correspondientes deudas", lo que implica que la autorización judicial para la realización por el padre de los actos de disposición a que se refiere el art. 166, CC no sea un complemento de capacidad, como ocurre en los casos de emancipación o de curatela , sino que es un elemento del acto de disposición, puesto que el padre por sí solo no puede realizarlo, siendo así que el realizado sin dicha autorización constituye un negocio jurídico incompleto que mantiene una eficacia provisional pendiente de la eficacia definitiva a partir de su ratificación por el propio interesado.

No obstante, este artçiculo no concreta casuísticamente los actos que requerirán de este control judicial, remitiéndose a la regulación contenida en el CC y en la LPPPD . Esta inconcreción normativa exige un análisis de las leyes sustantivas para determinar el ámbito de aplicación de este expediente.

1) Del estudio del Código Civil : Los supuestos que se tramitaran como materia de este expediente son:

a) Art. 166 CC : Solicitud de los padres de autorización judicial:

  • De renuncia de los derechos cuya titularidad depende de los hijos.
  • Para enajenar o gravar los objetos preciosos y valores mobiliarios de los hijos.

b) Art. 271 CC : Solicitud del tutor de autorización judicial:

  • Para renunciar los derechos cuya titularidad depende de los incapacitados. – art. 271.2 CC -.
  • Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados. – art. 271.2 CC -
  • Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado. – art. 271.3 CC -.
  • Para efectuar gastos extraordinarios en los bienes. – art. 271. 5 CC -.
  • Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. – art. 271. 6 CC -.
  • Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años. – art. 271. 7 CC -.
  • Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado. – art. 271. 9 CC -.
  • Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado. – art. 271. 10 CC -.

c) Art. 272 CC : Solicitud del tutor de aprobación judicial:

  • Para proceder a la partición de herencia y la división de cosa común.

2) Del análisis de la LPPPD :

a) Art. 5.2 LPPPD : Solicitud del administrador de un patrimonio protegido de autorización judicial:

  • En los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los arts. 271 y 272,l CC o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de Derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.

b) Art. 3.3 LPPPD : Solicitud del administrador de un patrimonio protegido de aprobación judicial:

  • Del inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido.

c) At. 4.1 LPPPD : Solicitud del administrador de un patrimonio protegido de aprobación judicial:

  • De las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución del patrimonio protegido.

Asimismo, la obtención de la autorización o aprobación judicial a través de este expediente de jurisdicción voluntaria no adquiere un carácter de exclusividad, más bien lo contrario, pues el art. 61, LJV sostiene que se tramitará este control judicial por la jurisdicción voluntaria, salvo que hubiera establecida una tramitación específica, previsión que convierte la jurisdicción voluntaria en subsidiaria de cualquier otra tramitación regulada, de manera específica, para un concreto acto de disposición o gravamen.

Elementos personales del expediente de autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a ...

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