Capacidad para contratar en el Código Civil y leyes estatales

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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Unos de los requisitos fundamentales para que haya contrato es el consentimiento y éste, además de otros requisitos, exige capacidad por quien ha de prestarlo; no tener capacidad para consentir es no tener capacidad para contratar.

Contenido
  • 1 Diferencia entre capacidad y prohibición
  • 2 Capacidad de las personas físicas
    • 2.1 Menores de edad no emancipados
    • 2.2 Menores emancipados
    • 2.3 Personas con capacidad modificada judicialmente
    • 2.4 Efectos del contrato suscrito por un representante legal sin la debida autorización
    • 2.5 Incapacidad de hecho
  • 3 Capacidad de las personas jurídicas
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En formularios
    • 5.2 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Diferencia entre capacidad y prohibición

En primer lugar hay que diferenciar entre la capacidad jurídica (capacidad para ser titular de derechos y obligaciones) y la capacidad de obrar.

Cuando hablamos de la capacidad de contratar (o en sentido negativo de incapacidad para contratar) estamos hablando de una capacidad de obrar que puede estar restringida (y entonces necesita un complemento de capacidad) o de una incapacidad a causa de una sentencia judicial de incapacitación.

Asimismo hay que diferenciar entre la incapacidad para contratar de la prohibición para contratar.

La incapacidad es subjetiva, atiende a la condición de quien habría de prestar el consentimiento; la prohibición no es un problema de capacidad sino de disposición legal, de una norma que prohíbe unos contratos determinados a personas que tienen plena capacidad de obrar y ello es debido a unas especiales circunstancias.

A la incapacidad se refiere el art. 1263 CC y a las prohibiciones el art. 1264 CC y diversas disposiciones; respecto a éstas puede verse el tema Prohibiciones para contratar en el Código Civil y leyes estatales

Es obvio que sólo puede hablarse de capacidad para contratar si nos referimos a personas físicas o jurídicas debidamente constituidas.

Capacidad de las personas físicas

Todo ser humano tiene siempre capacidad jurídica, pero su capacidad de obrar y, por consiguiente su capacidad para contratar se ve condicionada en tres supuestos bien concretos: tratarse de menores de edad no emancipados, tener la capacidad modificada judicialmente y no tener capacidad mental para contratar, a la que habría que añadir tener capacidad limitada para comprender según que contratos o determinadas cláusulas de un contrato.

El art. 1263 CC sólo contempla el caso de personas físicas diciendo:

«No pueden prestar consentimiento:
1.º Los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.
2.º Los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los términos señalados por la resolución judicial».

El precepto define la incapacidad en sentido negativo ya que se refiere a quien no puede prestar consentimiento, lo que trae como consecuencia que quien no puede prestar su consentimiento es que no tiene capacidad para contratar.

Menores de edad no emancipados

A ellos se refiere en sentido negativo el art. 1263 CC cuando dice que no pueden prestar consentimiento salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.

A) Capacidad limitada

Hoy día se entiende que el menor no tiene una incapacidad de obrar absoluta; más bien el menor tiene limitada su capacidad de obrar.

Es el caso del niño que por su corta edad no comprende ni sabe; si un menor de edad comprende, el contrato que celebre será anulable; pero si su edad es tan corta que nada entiende ni comprende el acto es nulo por falta de consentimiento.

La cuestión es si hay alguna edad contemplada por el Derecho. Y la realidad es que se contempla y faculta al menor en diversos supuestos.

Y así encontramos:

a) En la adopción, el art. 177 CC dice que deberán ser oídos por el Juez:

«3.º El adoptando menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez».

b) A partir de los 14 años ya puede: a) otorgar testamento ante notario; b) optar por la nacionalidad española y solicitar dicha nacionalidad, asistido de su representante legal; c) contraer matrimonio con la previa dispensa del juez; d) otorgar capitulaciones matrimoniales; e) reconocer un hijo como propio.

c) Desde los 16 años puede: a) celebrar contratos de trabajo, autorizados por sus padres o tutores; b) administrar los bienes que adquiera con su trabajo; c) adquirir la capacidad de obrar del emancipado, si vive de manera independiente de sus padres o tutores; d) solicitar la emancipación de sus padres, y el beneficio de la mayor edad de sus tutores.

d) En materia testifical, el art. 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de que:

«los menores de catorce años podrán declarar como testigos si, a juicio del tribunal, poseen el discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente».

Ambos preceptos parecen admitir respectivamente que puede haber menores de doce años o de catorce que tengan cierta madurez o discernimiento.

e) La Ley de Enjuiciamiento Criminal en el art. 409 dispone que:

«para recibir declaración al procesado menor de edad no habrá necesidad de nombrarle curador, norma que no habla de años en concreto».

B) Protección del menor

Para su protección a su representante legal se le exige autorización judicial para ciertos actos.

En concreto:

Por aplicación del art. 166 CC, se exigirá la autorización judicial para enajenar -vender es enajenar- o gravar (y no para adquirir) bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal; sin embargo, el mismo artículo indica que:

«no será necesario autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público ni para la enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros».
Menores emancipados

Por aplicación del art. 323 CC, el menor emancipado no podrá gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador.

En realidad, en general el menor emancipado, aunque tiene capacidad para contratar, tiene estas concretas limitaciones: se exige el consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, el de su curador.

Personas con capacidad modificada judicialmente

Es la sentencia que modifica su capacidad la que establecerá si se trata de una incapacidad total, que exigirá el nombramiento de tutor o de una incapacidad sólo para determinados actos para los cuales se exigirá la actuación del curador.

Por aplicación del art. 271 CC en el caso de tutela, el tutor necesita autorización judicial para aportar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados.

Efectos del contrato suscrito por un representante legal sin la debida autorización

1. No es un acto nulo

La Sentencia nº 2/2018 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de enero de 2018 [j 1] afirma que la exigencia legal de autorización judicial contenida en el art. 271 CC (aplicable a la exigencia que para la enajenación de bienes de menores impone el art. 166 CC) no va acompañada de un régimen jurídico que de manera expresa precise las consecuencias de la enajenación realizada por el tutor sin autorización judicial.

Pero ante alguna opinión de que el acto es nulo, el TS rechaza esta posición:

  • En primer lugar porque, desde un punto de vista de la naturaleza de la norma, el representante legal que celebra el contrato sin contar con previa autorización no infringe una norma imperativa de las contemplada en el art. 6.3º CC, sino que omite uno de los requisitos para la eficacia representativa de sus actos.
  • En segundo lugar, y sobre todo, porque el régimen de la nulidad absoluta no protege adecuadamente el interés del representado, que es precisamente el que trata de tutelar la norma que impone el control judicial. De una parte porque, según las tesis mayoritarias sobre la nulidad radical o absoluta, posibilitaría en todo caso y sin límite de tiempo a ambas partes contratantes, así como a cualquier tercero interesado, hacer valer la supuesta nulidad. De otra parte porque impediría sanar, convalidar o confirmar actos beneficiosos para el menor o el incapacitado.

Por tanto, se considera que es un acto anulable: la aplicación del régimen de la anulabilidad a los actos del representante legal sin autorización judicial conduce a algunas consecuencias más ponderadas en atención a los intereses en juego.

i) En primer lugar, el régimen de la anulabilidad excluye que el otro contratante revoque el contrato. Otra cosa es que, en su caso, si se dan los presupuestos para ello, pudiera impugnar el contrato demostrando el error (o incluso el dolo) que le llevó a contratar con desconocimiento de que fuera precisa una autorización judicial.

ii) En segundo lugar, el régimen de la anulabilidad somete el ejercicio de la acción de impugnación del contrato a un plazo, de manera coherente con la exigencia constitucional de seguridad jurídica.

El plazo de cuatro años que establece el art. 1301 CC que literalmente se refiere a los contratos celebrados por los menores e incapacitados, se computa «desde que salieren de tutela», lo que parece pensar, para las personas con la capacidad modificada judicialmente, en la recuperación de la capacidad.

La aplicación del régimen de la...

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