Causas de extinción de las obligaciones

Autor:Barbara Ariño y Manuel Faus
Cargo del Autor:Abogada y Notario
 
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Se da el nombre de causas de extinción de las obligaciones a ciertos hechos o negocios jurídicos por los que se pone fin a la relación obligatoria, ya se trate del cumplimiento directo o indirecto de la prestación o de su equivalente o la no satisfacción de esa prestación de forma que la obligación se extinga sin residuo ni compensación.

Contenido
  • 1 Clasificación de las causas de extinción de las obligaciones
  • 2 Causas tasadas de extinción de obligaciones según el Código Civil
  • 3 Otros modos de extinción de obligaciones
    • 3.1 Desistimiento unilateral
    • 3.2 Mutuo disenso
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En formularios
    • 5.2 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Clasificación de las causas de extinción de las obligaciones

Un cuadro completo de las causas de extinción de las obligaciones exige clasificarlas en modos voluntarios e involuntarios:

1. Modos voluntarios, a su vez:

  • Suponen el efectivo cumplimiento: son el pago y la consignación.
  • Suponen sustitución en el cumplimiento: son la compensación, la dación en pago y la novación.
  • Suponen un acuerdo liberatorio que:
    • Puede ser simultáneo a la obligación: condición resolutoria y término extintivo.
    • Puede ser posterior a su nacimiento: mutuo disenso, desistimiento unilateral cuando ello es posible y remisión de la deuda.

2. Modos involuntarios:

  • Por el sujeto: confusión y muerte en las obligaciones personales.
  • Por el objeto: pérdida o imposibilidad.
  • Por la falta de ejercicio: prescripción liberatoria.
Causas tasadas de extinción de obligaciones según el Código Civil

Con carácter general, las obligaciones se extinguen por las causas contempladas en el art. 1156 del Código Civil (CC). Ahora bien, al margen de las causas tasadas legalmente, existen otros modos de extinción de las obligaciones, como son el desistimiento unilateral y el mutuo disenso.

Las causas indicadas en el art. 1156 CC son las siguientes:

El pago o cumplimiento. Se detalla especialmente en los siguientes temas:

La pérdida de la cosa debida, que aparece comentada en el tema Imposibilidad sobrevenida de la prestación

Condonación de la deuda.

Confusión de derechos del acreedor y del deudor.

Compensación

Novación

Otros modos de extinción de obligaciones

Como advierte la STS 169/2016 de 17 de marzo de 2016, [j 1] el art. 1156 CC no agota todas las posibilidades de extinción de las obligaciones, habiéndose admitido por la doctrina y por la jurisprudencia otros modos de extinción de las obligaciones.

Algunas de las causas mencionadas a dar su clasificación se desarrollan en sus temas específicos; pero nos referimos ahora, en concreto, al desistimiento unilateral y al mutuo disenso.

Desistimiento unilateral

El desistimiento unilateral es un derecho potestativo que permite a una o ambas partes extinguir la relación contractual por su propia voluntad (véase, en este sentido, la Sentencia de la AP Zaragoza de 3 de octubre de 2016). [j 2]

Se trata, pues, de una facultad de una parte contratante de poner fin al contrato que ya ha nacido válidamente, sin que sea necesario para su eficacia el asentimiento de la otra parte, bastando, para ello, el sólo conocimiento.

El CC no incluye una definición de esta figura, aunque sí hace referencia a la cesación o ruptura del vínculo contractual por la voluntad de una sola de las partes respecto de algunos contratos, utilizando distinta terminología (en ocasiones se emplea el término “renuncia”, en otros “resolución” y en otras el de “rescisión”).

El desistimiento unilateral puede tener un origen legal, contractual e incluso la jurisprudencia ha establecido esta facultad en determinados supuestos concretos. Veamos:

1º. Origen legal: en ciertos contratos la ley impone el desistimiento en atención a sus especiales circunstancias, como son la duración, la confianza, la necesidad de protección a una de las partes, etc. En particular, el desistimiento unilateral se recoge, esencialmente, en dos leyes especiales:

(i) La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuyo art. 11 reconoce al arrendatario de vivienda la facultad de desistir del contrato una vez transcurridos los seis primeros meses de vigencia, previa comunicación al arrendador con 30 días de antelación. Como pone de relieve la STS 481/2018, 23 de julio de 2018, [j 3] el art. 11 de la LAU de 1994 solo permite, en ciertos casos, el desistimiento unilateral del arrendatario para el arrendamiento de vivienda, no estando expresamente reconocido para el de uso distinto de vivienda.

(ii) La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), que prevé, en su art. 68, el derecho de desistimiento de un contrato por parte del consumidor y usuario.

También se ha previsto en el CC para determinado tipo de contratos, como son el contrato de obra (art. 1594 CC), la sociedad civil (art. 1700.4 CC, art. 1705 CC y art. 1706 CC), el mandato (art. 1732 CC), el comodato (art. 1750 CC), o el depósito (art. 1755 CC).

Otras leyes también reconocen esta facultad, como son:

2º. Origen contractual: en otras ocasiones, el desistimiento tiene su origen en un pacto acordado por las partes en el propio contrato en virtud de la facultad que les reconoce el art. 1255 CC.

Esta facultad no significa dejar al arbitrio de uno de los contratantes la validez y cumplimiento del contrato (prohibido por el art. 1256 CC), puesto que tal infracción no se produce cuando el contratante se limita a ejercitar un derecho potestativo incluido en el contrato mismo, tal y como ha declarado la STS de 9 de enero de 1995. [j 4]

3º. Origen jurisprudencial: también la jurisprudencia ha admitido la facultad de desistimiento unilateral en supuestos en los que se da una relación contractual continuada o de tracto sucesivo, con frecuencia basada en relaciones de confianza, cuya duración es indeterminada, con riesgo de propiciar el carácter vitalicio.

Como señaló la STS 870/1997, 9 de Octubre de 1997 [j 5] en los supuestos de duración indeterminada las relaciones obligatorias creadas son válidas, pero conforme a nuestra tradición jurídica, doctrina científica y decir del Código Civil (Arts. 400, 1052, 1583, 1594, 1700-4º, 1705, 1723-1º, 1733, 1750 y 1775, así como 279 del Código de Comercio), resulta que hay que admitir la imposibilidad de reputarlas perpetuas por lo que les asiste a los contratantes facultad de liberación de las mismas, mediante su receso, producido por la resolución unilateral, condicionada dentro de los parámetros de la buena fe, ya que las partes no deben permanecer indefinidamente vinculadas.

Y ese condicionante a parámetros de la buena fe se encuentra estrechamente relacionado con la figura del preaviso, como término o plazo suspensivo de eficacia, para evitar una determinación por sorpresa de la relación, pudiendo la contraparte tomar medidas que protejan sus intereses, como advierte la STS 672/2016, 16 de Noviembre de 2016 [j 6]

Otra cosa es el derecho a la indemnización de los...

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