Convenio regulador de separación y divorcio en Cataluña

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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Normalmente los cónyuges que se separan otorgan un convenio privado que presentan a la aprobación judicial de acuerdo con lo ordenado por el art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

En Cataluña deberá tenerse en cuentas las disposiciones del Libro II del Codi Civil de Catalunya.

En este punto, recordaremos la autosuficiencia del derecho propio de Cataluña, como ya señaló la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 3 de junio de 2002 [j 1] al decir que:

Ciertamente se acontece irrefutable la preeminencia en Cataluña del Código de Familia y de las normas supletorias del Derecho Civil Catalán respeto al Código Civil. Es suficientemente sabido la falta de competencia del Estado para legislar en materia de Derecho Civil Catalán, como ya señaló en sentencias 118/1996 y 61/1997, en las que utiliza terminología como la de falta de «título competencial del Estado. Ahora bien; tampoco es menos cierto que el Derecho Estatal abarca todo el territorio español, a diferencia de los de las Comunidades Autónomas, limitados al territorio respectivo. Esto hace que en algunas coexistan dos derechos; el propio y el estatal, si bien no puede haber conflictividad entre ambos por la referida preeminencia del derecho propio y consecuente supletoriedad del estatal.
Contenido
  • 1 Normas aplicables a Cataluña en caso de convenio regulador
    • 1.1 Normas Procesales
    • 1.2 Normas del Codi Civil de Catalunya. Convenio Regulador
      • 1.2.1 Contenido del convenio
      • 1.2.2 Aprobación de los pactos
      • 1.2.3 Falta de convenio regulador
      • 1.2.4 Plan de parentalidad
    • 1.3 Una referencia al uso de la vivienda
  • 2 Adjudicación de la vivienda familiar
  • 3 Solución fiscal en las adjudicaciones en la separación de cónyuges
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En formularios
    • 4.2 En doctrina
    • 4.3 Esquemas procesales
  • 5 Legislación básica
  • 6 Legislación citada
  • 7 Jurisprudencia citada
Normas aplicables a Cataluña en caso de convenio regulador Normas Procesales

El actual art. 777 de la Ley de Enjuiciamiento civil, de aplicación en todo el territorio nacional, detalla el procedimiento que regula las peticiones de separación o divorcio, sean presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.

Reglas del procedimiento..

Regla 1ª.- Documentación a presentar al Juzgado:

Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo.

Regla 2ª.- Citación.-

A la vista de la solicitud de separación o divorcio, se mandará citar a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, se acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, sin ulterior recurso, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Regla 3ª.- Aportación de más documentación y prueba.

Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera insuficiente, el Juez o el Letrado de la Administración de Justicia (antes denominado Secretario judicial) que fuere competente concederá a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador

Regla 4ª.- Si hubiere hijos menores.

Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.

Regla 5ª.- Sentencia.

a).- Concesión o denegación: cumplidos los requisitos, en su caso, necesarios, el tribunal dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador.

b) Referencia al convenio: concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponer nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente.

Regla 6ª.- Recursos:

La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la separación o al divorcio.

La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal.

Regla 7ª. Modificaciones posteriores: la modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal en los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento civil. , precepto modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Regla 8ª.- No hay menores no emancipados o con capacidad modificada: si la competencia fuera del Letrado de la Administración de Justicia por no existir hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el Secretario judicial, este dictará decreto pronunciándose, sobre el convenio regulador.

Nota

Las menciones al Secretario judicial que aún hace la LEC deberán entenderse referidas a partir del 1 de octubre de 2015 a "Letrado de la Administración de Justicia", ya que el Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, según dispone la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Normas del Codi Civil de Catalunya. Convenio Regulador

Según el libro II del Codi Civil de Catalunya (CCCat.) (en vigor el 1 de enero de 2011) a la demanda de divorcio, separación judicial o la adopción o modificación de medidas reguladoras de las consecuencias de la nulidad del matrimonio o si lo hace uno de ellos con el consentimiento del otro, debe acompañarse una propuesta de convenio regulador, donde se determinen los aspectos a que se refiere el artículo 233-2.

Contenido del convenio

Dice el art. 233-2 CCCat. sobre el contenido del convenio que debe contener:

  • Un plan de parentalidad, de acuerdo con lo establecido por el art. 233-9
  • Los alimentos que deben prestarles, tanto respecto a las necesidades ordinarias como a las extraordinarias, indicando su periodicidad, modalidad de pago, criterios de actualización y, si lo han previsto, garantías.
  • Si procede, el régimen de relaciones personales con los abuelos y los hermanos que no convivan en el mismo domicilio.
  • La prestación compensatoria que se atribuye a uno de los cónyuges, indicando su modalidad de pago y, si procede, la duración, los criterios de actualización y las garantías.
  • La atribución o distribución del uso de la vivienda familiar con su ajuar.
  • La compensación económica por razón de trabajo.
  • La liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa.
  • Además, en el convenio regulador los cónyuges también pueden acordar alimentos para los hijos mayores de edad o emancipados que no tengan recursos económicos propios.

Es importante la posibilidad de usar el convenio para extinguir bienes comunes de los cónyuges; es la clásica discusión cuando no se trata de la vivienda familiar, sobre si ello excede del contenido propio del convenio de forma que se deba exigir escritura; pero como dice la Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2015 [j 2] es norma específica del Código Civil Catalán la citada en su artículo 233-2, cuando en relación con las medidas definitivas propuestas por convenio regulador, incluye en su punto 3 que el convenio regulador también debe contener, si procede: «d. La liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa»; a partir del 1 de enero de 2018, de acuerdo con la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto la norma está en el número 4 del mismo precepto: d) La liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa.

Aprobación de los pactos

1.-Hasta el 31 de diciembre de 2017, el artículo 233-3 CCCat. establece que:

  • Los pactos adoptados en convenio regulador deben ser aprobados por la autoridad judicial , salvo los puntos que no sean conformes con el interés de los hijos menores. (número 1 de dicho art.)
  • En caso que deniegue la aprobación de los pactos adoptados en convenio regulador, la autoridad judicial debe indicar los puntos que deben modificarse fijando el plazo para hacerlo.
  • Si los cónyuges no formulan una propuesta de modificación o esta no es aprobada, la autoridad judicial adoptará la resolución pertinente.
  • La sentencia debe incorporar los puntos del convenio que hayan sido aprobados y la decisión que corresponda en cuanto a los puntos no aprobados. También puede contener las medidas necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento.

A partir del 1 de enero de 2018:

La Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto da la siguiente redacción al número 1 del art. 233.3:

.1. En los supuestos establecidos por el apartado 2 del artículo 233-2, los pactos adoptados en convenio regulador deben ser aprobados por la autoridad judicial, salvo los puntos que no sean conformes con el interés de los hijos menores.

Y el número 2 del art. 232.2 a partir de 1 de enero de 2018 dice:

2. Si los cónyuges tienen hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, deben presentar el convenio a la autoridad judicial para que sea aprobado. También deben hacerlo, en todo caso, si se trata de un convenio regulador de las consecuencias de la nulidad del matrimonio.
Falta de convenio regulador

Si ambos cónyuges no llegan a un acuerdo sobre el contenido del convenio regulador:

  • La autoridad judicial adoptará las medidas definitivas pertinentes sobre el ejercicio de las responsabilidades parentales, incluidos el deber de alimentos y, si procede, el régimen de relaciones personales con abuelos y hermanos. (art. 233-4 CCCat).
  • Asimismo, la autoridad judicial, a instancia del cónyuge con quien los hijos convivan, puede acordar alimentos para los hijos mayores de edad o emancipados teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 237-1, y que estos alimentos se mantengan hasta que dichos hijos tengan ingresos propios o estén en disposición de tenerlos.
  • Si alguno de los cónyuges lo solicita, la autoridad judicial adoptará las medidas pertinentes respecto al uso de la vivienda familiar y su ajuar, la prestación compensatoria, la compensación económica por razón del trabajo si el régimen económico es el de separación de bienes, la liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes comunes o en comunidad ordinaria indivisa.

La Sentencia nº 51/2014 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Civil y Penal, 17 de Julio de 2014 [j 3] dice:

Los requisitos que la jurisprudencia de este Tribunal viene reiteradamente exigiendo para la fijación de la compensación indemnizatoria, cuando los cónyuges se encuentran bajo el régimen legal de separación de bienes, son los siguientes:
a) Que exista una separación judicial, divorcio o nulidad del matrimonio;
b) Que uno de los cónyuges haya realizado durante el matrimonio un trabajo para el hogar o para el otro cónyuge no retribuido o retribuido de forma insuficiente;
c) Que la disolución del régimen matrimonial haya generado una desigualdad patrimonial comparando las dos masas de cada uno de los cónyuges, y
d) Que la citada desigualdad patrimonial implique un enriquecimiento injusto.
Plan de parentalidad

Por lo que respecta al plan de parentalidad que menciona el art. 233-2 CCCat. como mención obligatoria, habrá que tener en cuenta el art. 233-9 CCCat. que dice:

  • El plan de parentalidad debe concretar la forma en que ambos progenitores ejercen las responsabilidades parentales, haciéndose constar los compromisos que asumen respecto a la guarda, el cuidado y la educación de los hijos.
  • En las propuestas de plan de parentalidad deben constar los siguientes aspectos:
    • El lugar o lugares donde vivirán los hijos habitualmente, incluyendo reglas que permitan determinar a qué progenitor le corresponde la guarda en cada momento.
    • Las tareas de que debe responsabilizarse cada progenitor con relación a las actividades cotidianas de los hijos.
    • La forma en que deben hacerse los cambios en la guarda y, si procede, cómo deben repartirse los costes que generen.
    • El régimen de relación y comunicación con los hijos durante los períodos en que un progenitor no los tenga con él.
    • El régimen de estancias de los hijos con cada uno de los progenitores en períodos de vacaciones y en fechas especialmente señaladas para los hijos, para los progenitores o para su familia.
    • El tipo de educación y las actividades extraescolares, formativas y de tiempo libre, si procede.
    • La forma de cumplir el deber de compartir toda la información sobre la educación, la salud y el bienestar de los hijos.
    • La forma de tomar las decisiones relativas al cambio de domicilio y a otras cuestiones relevantes para los hijos.
  • Las propuestas de plan de parentalidad pueden prever la posibilidad de recorrer a la mediación familiar para resolver las diferencias derivadas de la aplicación del plan, o la conveniencia de modificar su contenido para amoldarlo a las necesidades de las diferentes etapas de la vida de los hijos.

Además, como señala la Sentencia nº 62/2016 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Civil y Penal, 28 de Julio de 2016 [j 4] es frecuente que tras la ruptura matrimonial y las decisiones judiciales subsiguientes, surjan cambios en la organización de la vida familiar que den lugar a conflictos antes inexistentes entre los progenitores y entre estos y los hijos comunes, especialmente si estos se hallan en la adolescencia. Estos cambios exigen de una adaptación precisa y de una leal colaboración entre los progenitores para que las nuevas situaciones afecten lo menos negativamente posible a la estabilidad emocional de los hijos. Y advierte que se ha ido advirtiendo el papel cada vez más relevante de la intervención de profesionales no jurídicos, especialistas en la materia art. 335,1 LEC 1/2000 ), como evaluadores de la situación familiar y asesores del juzgado (art. 92 del CC y DA 6 y 7 del Libro II CCCat) o incluso, en casos conflictivos, como supervisores de las medidas adoptadas judicialmente en el ejercicio de las facultades parentales de los padres en relación con los hijos menores.

Pero la mediación y las medidas a adoptar tienen un límite: ningún precepto contenido en el libro II del CCCat, por más generales que sean los términos que acoge el art. 236-3.1 para habilitar la actuación de oficio por parte de jueces y tribunales, puede compeler (salvo supuestos excepcionales) a una persona a recibir, sin su consentimiento, tratamientos terapéuticos de carácter familiar, amén de que dudosamente en esas condiciones podrían ser eficaces.

Puede verse con detalle el tema Plan de parentalidad en Cataluña

Una referencia al uso de la vivienda

Para que surta efectos frente a terceros debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.

El Artículo 233-20 CCCat. permite a los cónyuges el acordar la atribución del uso de la vivienda familiar con su ajuar a uno de ellos, a fin de satisfacer, en la parte que proceda, los alimentos de los hijos comunes que convivan con el beneficiario del uso o la prestación compensatoria de este. También pueden acordar la distribución del uso de la vivienda por períodos determinados.

Si no existe acuerdo o si este no es aprobado, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar, preferentemente, al progenitor a quien corresponda la guarda de los hijos comunes mientras dure esta. No obstante, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar al cónyuge más necesitado en los siguientes casos:

a) Si la guarda de los hijos queda compartida o distribuida entre los progenitores.

b).- Si los cónyuges no tienen hijos o estos son mayores de edad.

c).- Si pese a corresponderle el uso de la vivienda por razón de la guarda de los hijos es previsible que la necesidad del cónyuge se prolongue después de alcanzar los hijos la mayoría de edad.

Excepcionalmente, aunque existan hijos menores, la autoridad judicial puede atribuir el uso de la vivienda familiar al cónyuge que no tiene su guarda si es el más necesitado y el cónyuge a quien corresponde la guarda tiene medios suficientes para cubrir su necesidad de vivienda y la de los hijos.

La atribución del uso de la vivienda a uno de los cónyuges, puede ser carácter temporal y es susceptible de prórroga, también temporal, si se mantienen las circunstancias que la motivaron. La prórroga debe solicitarse, como máximo, seis meses antes del vencimiento del plazo fijado y debe tramitarse por el procedimiento establecido para la modificación de medidas definitivas.

La autoridad judicial puede sustituir la atribución del uso de la vivienda familiar por la de otras residencias si son idóneas para satisfacer la necesidad de vivienda del cónyuge y los hijos.

La atribución del uso de la vivienda, si esta pertenece en todo o en parte al cónyuge que no es beneficiario, debe ponderarse como contribución en especie para la fijación de los alimentos de los hijos y de la prestación compensatoria que eventualmente devengue el otro cónyuge.

Completa la regulación el art. 233-21 CCCat. y destacamos que el art. 233-22 de dicho cuerpo legal dice:

Publicidad del derecho de uso de la vivienda. El derecho de uso de la vivienda familiar atribuido al cónyuge se puede inscribir o, si se ha atribuido como medida provisional, anotar preventivamente en el Registro de la Propiedad.

Conviene, al poder ser aplicable con más facilidad en Cataluña (dado el régimen de separación de bienes), recordar la doctrina de la Resolución de la DGRN de 21 de enero de 2006 [j 5] que admite que, en un convenio de separación de unos cónyuges casados en régimen de separación, se pacte que una vivienda y un garaje propiedad del marido se adjudiquen a la esposa; indica la DGRN que no hay identificación entre el régimen de separación de bienes y la normal comunidad romana y estando el convenio aprobado judicialmente, será título apto para inscribir la transmisión del dominio pactado, sin necesidad de escritura pública .

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2006 [j 6] trata el tema siguiente: ha habido separación conyugal y se ha atribuido el uso de la vivienda familiar a la esposa; hay varios bienes y el esposo insta la división únicamente de la vivienda familiar; el TS lo admite, aunque solo se pretenda sobre unos de los bienes que tienen los consortes en indivisión, subsistiendo como es natural, el derecho de uso que gravará la finca a pesar que se adjudique a un tercero en subasta.

Completa la materia, en el aspecto registral, en especial, si la vivienda no era de los cónyuges, el tema Atribución de la vivienda familiar (Incidencia en el Registro)

Procede recordar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2.010 [j 7] que analiza diversas situaciones que pueden producirse:

  • vivienda propiedad de un cónyuge estando atribuido el uso al otro consorte: el propietario puede enajenar, incluso si es copropietario puede instar la división de la cosa común, pero el derecho de uso seguirá.
  • si un tercero cede el uso a uno de los cónyuges mediante contrato , atribuida la vivienda al cónyuge no contratante, éste no se subroga en la misma relación que ligaba al cónyuge contratante con el propietario, porque el juez no puede crear un título que altere las relaciones contractuales existente entre las partes. Significativo es el caso del art. 15 de la LAU que admite la subrogación en el contrato de arrendamiento pero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo segundo. Dice el art. 15 de la LAU, según la nueva redacción dada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas:
1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato. 2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.
  • Cesión gratuita del uso por tercero : en caso de crisis matrimonial el propietario tiene acción de desahucio porque existe un precario (supuesto normal de los padres que ceden el uso a un hijo y su consorte, de forma gratuita).
  • En caso de dos copropietarios y uno ha cedido gratuitamente el uso al otro y su consorte: en el caso de crisis matrimonial de los usuarios (un condueño y su consorte) estaremos también en un precario y el copropietario que cedió el uso podrá ejercitar acciones que sean favorables a la comunidad.
6. Las comunidades ordinarias que existen entre los cónyuges, en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad matrimonial, pueden dividirse considerando como una sola división la totalidad o una parte de los bienes sometidos a este régimen, de acuerdo con el artículo 232-12. Se aplica el mismo criterio en los casos de separación de hecho y de ruptura de una pareja estable.

La Sentencia del TS. de 3 de diciembre de 2.008 [j 8] dice que, a pesar de la atribución del derecho de uso a la esposa y al ser la vivienda de ambos cónyuges, pro indiviso, cabe ejercitar la acción de división ex art. 40 CC y, llegada la subasta pública no se exigirá el consentimiento de la esposa, si bien, su derecho de uso subsistirá.

En el mismo sentido la Sentencia nº 78/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Febrero de 2012 [j 9] en un caso en que el uso se había atribuido a marido; ejercitada la acción de división y adjudicada la vivienda la esposa, éste pretende sin éxito que se extinga el uso el marido. Como dice el TS:

la acción de división del piso mantendrá el derecho del ex marido, titular de su uso, porque no han desaparecido las razones que motivaron su atribución en la sentencia de divorcio y su derecho es oponible a terceros.

Por tanto: cabe la acción de división, pero el uso no se verá afectado. Continuará como carga, naturalmente si está inscrita.

La resolución de la DGRN de 5 de agosto de 2.011, [j 10] en un caso de convenio en Cataluña, pero con doctrina general aplicable, a propósito del contenido de un convenio dice

se incluyen bienes en copropiedad –respecto de los cuales ningún problema plantea la inscripción del convenio- pero también un bien adquirido por el marido antes del matrimonio que se adjudica en proindiviso a la mujer y a los hijos. Por tanto, al no haber bien común que dividir dicha adjudicación representa un negocio adicional, con su propia causa, que debería documentarse en escritura pública.

Por tanto, adjudicar bienes de un cónyuge al otro, con ocasión del convenio exige escritura pública, no bastando la sentencia aprobatoria del convenio para conseguir la pertinente inscripción en el Registro de la Propiedad.

Adjudicación de la vivienda familiar

Uno de los problemas prácticos que se ha planteado es si el convenio, según su contenido, es directamente inscribible en el Registro de la Propiedad, si puede extinguirse la comunidad de los cónyuges casados en régimen de separación, si cabe el pase de bienes privativos de un cónyuge al otro y si es posible adjudicar la vivienda familiar propiedad de ambos cónyuges a un sólo, y todo ello, repetimos, dentro del convenio aprobado judicialmente y sin necesidad de otorgar escritura pública.

Para su el examen de estos puntos, con cita de la doctrina del Tribunal Supremo y la de la DGRN, véase Convenio regulador de separación o divorcio según el Código Civil

Baste repetir la resolución de la DGRN de 5 de septiembre de 2012 [j 11] que indica que uno de los aspectos que por expresa previsión legal ha de regularse en los supuestos de nulidad, separación o divorcio del matrimonio, es el relativo a la vivienda familiar, por lo que no hay razón para excluir la posibilidad de que el convenio regulador incluya la adjudicación de la vivienda familiar, que es uno de los aspectos que afecta al interés más necesitado de protección en la situación de crisis familiar planteada y que no es dañosa para los hijos ni gravemente perjudicial para uno de los cónyuge; por ello, la liquidación de la comunidad surgida sobre la vivienda habitual de los cónyuges, cualquiera que sea la forma de copropiedad existente, entra claramente dentro del objeto natural del convenio regulador, por lo que, en los términos vistos, es suficiente el correspondiente testimonio de la sentencia aprobatoria del convenio para su inscripción, sin necesidad de la escritura pública, salvo que ésta se haya pactado expresamente en el convenio.

Solución fiscal en las adjudicaciones en la separación de cónyuges

La Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria dice en el art. 5:

Artículo 5 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Bonificación por la escritura pública de separación y divorcio y de extinción de pareja estable.
Disfruta de una bonificación del cien por cien de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados la escritura pública otorgada por los cónyuges en la que acuerdan, en los términos que regula la ley, su separación o divorcio de mutuo acuerdo.
La misma bonificación se aplica a las escrituras públicas que documentan la extinción de común acuerdo de la pareja estable formalizada por los convivientes, de acuerdo con el artículo 234-4 del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, aprobado por la Ley 25/2010, de 29 de julio.
Recursos adicionales

Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Divorcio

Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Crisis del matrimonio

En formularios En doctrina Esquemas procesales Legislación básica Legislación citada

Jurisprudencia citada
  1. Sentencia de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Civil y Penal, 3 de Junio de 2002.
  2. Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Sabadell n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una extinción de proindiviso de una plaza de aparcamiento doble acordada en convenio regulador..
  3. Sentencia nº 51/2014 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Civil y Penal, 17 de Julio de 2014.
  4. Sentencia nº 62/2016 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Civil y Penal, 28 de Julio de 2016.
  5. Resolución de 21 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Inés López de la Calzada, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de León número 2, a inscribir una sentencia firme..
  6. Sentencia nº 455/2006 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 8 de Mayo de 2006.
  7. Sentencia nº 861/2009 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 18 de Enero de 2010.
  8. Sentencia nº 1123/2008 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 3 de Diciembre de 2008.
  9. Sentencia nº 78/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Febrero de 2012.
  10. Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Sabadell n.º 4, por la que se deniega la inscripción de un convenio regulador por exceder de la pura liquidación del régimen matrimonial al adjudicarse un bien del marido a la mujer y a los hijos..
  11. Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Jerez de la Frontera n.º 3, por la que se suspende la inscripción de un convenio regulador de divorcio aprobado judicialmente..

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