El tutor y sus funciones según el Código Civil

Autor:Barbara Ariño y Manuel Faus
Cargo del Autor:Abogada y Notario
 
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La función tutelar se configura como un deber que deberá siempre ejercitarse en beneficio del tutelado.

En el presente tema se exponen las funciones del cargo tutelar, con indicación de los derechos y obligaciones que incumben al tutor tras las modificaciones introducidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV) y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Contenido
  • 1 Atribuciones al tutor
  • 2 Obligaciones del tutor
  • 3 Derechos que asisten al tutor
  • 4 Ejercicio de la tutela
  • 5 Actos realizados sin autorización judicial
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En doctrina
    • 6.3 Esquemas procesales
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Atribuciones al tutor

Con carácter general, el tutor cumplirá la función de representación y administración del tutelado.

En este sentido el art. 267 CC establece que el tutor es el representante del menor o incapacitado salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación. Por tanto, como advierte la sentencia de la AP Asturias de 4 de febrero de 1998 [j 1], la mayor o menor extensión de esas facultades representativas está directamente relacionada con el mayor o menor grado de capacidad y discernimiento que conserve la persona que es objeto de tutela.

Por su parte, el art. 270 CC reconoce que el tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia.

Obligaciones del tutor

El tutor, en el ejercicio de su cargo, deberá cumplir con una serie de obligaciones que conviene diferenciar en tres momentos:

1.- Antes del ejercicio del cargo tutelar, el CC establece una serie de obligaciones encaminadas a la protección del patrimonio del tutelado:

  • Fianza: El Juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley, o la desempeñe por resolución judicial, no deberá prestar fianza (art. 260 CC). También podrá el Juez, en cualquier momento y con justa causa, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la garantía que se hubiese prestado (art. 261 CC). Sobre el procedimiento de prestación de fianza en supuestos en que la tutela no se haya constituido en un proceso judicial para modificar la capacidad de una persona, nos remitimos al art. 46 LJV que ha sido específicamente desarrollado en el tema Tutela según el Código Civil. Normas generales
  • Inventario de bienes: El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de su cargo (art. 262 CC), el cual podrá prorrogarse por el Secretario judicial - léase ahora Letrado de la Administración de Justicia - en resolución motivada si concurriere causa para ello (art. 263 CC). Como se indica en la Instrucción de la Fiscalía General del Estado de 30 de julio de 2008, [j 2] esta fase es crucial por cuanto que, de la correcta formación de inventario dependerá la protección eficaz del patrimonio del incapaz (pues el contenido del inventario inicial será la referencia para poder determinar la evolución posterior de la situación patrimonial del incapaz). Dicho inventario se formará judicialmente con intervención del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Letrado de la Adminitración de Justicia estime conveniente (art. 264 CC). El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el tutelado, se entenderá que los renuncia (art. 266 CC). Asimismo, en caso de que la tutela no se constituya en un proceso judicial para modificar la capacidad de una persona, establece el art. 47 LJV el procedimiento para la formación de inventario que se sustanciará de acuerdo a los siguientes trámites:
    • El designado al que se hubiera nombrado administrador del caudal presentará, dentro del plazo otorgado, el inventario de bienes, que contendrá la relación de los bienes del afectado, así como las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren.
    • A continuación, el Letrado de la Administración de Justicia fijará día y hora para su formación y citará a los interesados, a las personas afectadas su tuvieran suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal.
    • Si se suscita controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario: el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal, suspendiéndose su formación hasta que la misma sea resuelta. La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes dejará a salvo los derechos de terceros.
    • Si no hubiera oposición o resuelta ésta, el Letrado de la Administración de Justicia aprobará el inventario, debiendo la persona designada proceder a su administración en los términos establecidos en la resolución judicial.
  • Depósito: Con el objeto de asegurar aquellos bienes de extraordinario valor como el dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del Letrado de la Administración de Justicia, no deban quedar en poder del tutor, se establece la obligación de su depósito en un establecimiento destinado a tal efecto (art. 265 CC), corriendo los gastos a cargo de los bienes del tutelado.

2.- Durante el ejercicio del cargo, el art. 269 CC establece una serie de obligaciones encaminadas a proteger la situación personal y patrimonial del tutelado.

  • En el ámbito personal: el tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular, a procurarle alimentos, a educar al menor y procurarle una formación integral, a promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad, así como informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado.
  • En el ámbito patrimonial: el tutor está obligado a rendir cuenta anual al Juez de su administración, debiendo presentar dentro de los veinte días siguientes de cumplirse el plazo, un informe sobre la situación personal del menor o incapaz y la rendición de cuentas de la administración de sus bienes (art. 51 LJV). Como quiera que esta obligación pretende garantizar la conservación del patrimonio durante el ejercicio de la tutela, la rendición de cuentas debe ser rigurosa, contable, numérica y acompañada de los oportunos justificantes ya que el tutor administra bienes ajenos (del tutelado) y debe ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia a fin de facilitar el control del buen funcionamiento de la tutela, dando las explicaciones que sean requeridas sobre actuaciones que puedan parecer dudosas al juez que la controla sentencia de la AP Coruña de 30 de mayo de 2007). [j 3] Dicha rendición anual de cuentas se sustanciará de acuerdo con los trámites que prevé el citado art. 51 LJV:
    • El tutor, dentro de los 20 días siguientes de cumplirse el plazo, un informe sobre la situación personal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y una rendición de cuentas de la administración de sus bienes, si procede.
    • Presentados los informes, el Letrado de la Administración de Justicia citará a comparecencia ante el Juez al titular del cargo, al tutelado o asistido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviera más de 12 años, a aquellos que estuvieran interesados y al Ministerio Fiscal, pudiéndose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias y pruebas que se estimen oportunas.
    • Tras ello, hubiera o no oposición, el Juez resolverá sobre los informes anuales y la rendición de cuentas.

3.- Al cesar en el cargo tutelar, se deberá estar al contenido de lo dispuesto en los arts. 279 a 285 CC que establecen la obligación del tutor de rendir la cuenta general justificada de su administración ante la Autoridad judicial en orden a la comprobación de la gestión realizada, para su aprobación definitiva o exigencia, en su caso, de las oportunas responsabilidades. Dicha obligación se somete a las siguientes reglas:

  • Contenido: la cuenta general justificada implica reconstruir los actos de gestión realizada en la que, partiendo del inventario realizado por el tutor al inicio de la tutela, se detallen en un orden lógico los ingresos y gastos y demás actos de administración y disposición realizados, con exclusión de lo que la doctrina y jurisprudencia ha denominado gastos menudos (sentencia...

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