Patrimonio protegido de un discapacitado

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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El patrimonio protegido de un discapacitado es aquel conjunto de bienes muebles e inmuebles destinado primordialmente a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de su productividad.

Contenido
  • 1 Justificación
  • 2 Regulación Estatal
    • 2.1 Normativa
    • 2.2 Fundamento
    • 2.3 Sujetos
    • 2.4 Constitución
      • 2.4.1 Supuesto normal
      • 2.4.2 Supuesto especial: Decisión judicial
      • 2.4.3 Contenido del documento de constitución
      • 2.4.4 Aportaciones futuras
    • 2.5 Administración
      • 2.5.1 Actos de simple administración
      • 2.5.2 Actos de disposición
      • 2.5.3 Administrador
    • 2.6 Destino
      • 2.6.1 En vida del discapacitado
      • 2.6.2 A la extinción
    • 2.7 Control de la situación
      • 2.7.1 Registro Central
      • 2.7.2 Supervisión
      • 2.7.3 Organismo de apoyo
      • 2.7.4 Constancia registral del nombramiento del representante
    • 2.8 De la inclusión o exclusión de un bien
  • 3 En Aragón
  • 4 Cataluña
    • 4.1 Concepto
    • 4.2 Elementos personales
    • 4.3 Elementos formales
      • 4.3.1 Constitución
      • 4.3.2 Administración
      • 4.3.3 Control
      • 4.3.4 Rendición de cuentas
      • 4.3.5 Extinción
      • 4.3.6 Remanente
      • 4.3.7 Publicidad registral
  • 5 Navarra
  • 6 Tema Fiscal
    • 6.1 Canarias
    • 6.2 Cantabria
    • 6.3 Castilla La Mancha
    • 6.4 Castilla León
    • 6.5 Cataluña
    • 6.6 Islas Baleares
    • 6.7 Navarra
    • 6.8 Principado de Asturias
    • 6.9 Comunidad Valenciana
    • 6.10 País vasco
  • 7 Recursos adicionales
    • 7.1 En formularios
    • 7.2 En doctrina
  • 8 Legislación básica
  • 9 Legislación citada
  • 10 Jurisprudencia citada
Justificación

Una preocupación del legislador moderno, más sensible hoy a los problemas de los más necesitados de protección, es toda la materia que se refiere a las personas que padecen una minusvalía, sea física y especialmente si es psíquica; además, son muchas las personas que hoy gozan de todas sus facultades y con el transcurso de los años, debido a que la vida es cada vez más larga, llegan a una situación de deterioro físico y psíquico.

El objetivo es proteger a estas personas y uno de los medios más seguros es proteger su patrimonio, en el sentido de que se cuente con recursos económicos suficientes para su adecuada atención.

Naturalmente, no es el poder público el que va a crear este patrimonio, pero sí está a su alcance, además de las medidas normales (atención sanitaria, residencias, subvenciones, etc.) el favorecer que el propio discapacitado y su entorno (familiar, instituciones) hallen medios adecuados para formar un patrimonio del discapacitado que permita su correcta atención personal, sanitaria, etc.

Regulación Estatal Normativa

Ha sido la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil (CC), de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, la que ha creado esta figura no suficientemente divulgada y conocida. La Ley 1/2009, de 25 de marzo (entrada en vigor el 26-06-09) que reforma la Ley del Registro Civil y la Ley 41/2003 antes citada.

El Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad , modificado por el Real Decreto 1853/2009, de 4 de diciembre por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (prevista su plena vigencia el 30 de abril de 2021 como se dirá) menciona al patrimonio protegido en:

tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona. Son, por tanto, inscribibles:....12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
Es inscribible en el registro individual de la persona con discapacidad el documento público o resolución judicial relativos a la constitución y demás circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de administradores de dicho patrimonio.

Hay que advertir que la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria aplazó la plena entrada en vigor de la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio) hasta el 30 de junio de 2018, la Ley 5/2018, de 11 de junio volvió a modificar la Disposición Final Décima de la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio) de forma que la entrada en vigor de la mayoría de las disposiciones de esta Ley debían entrar en vigor el 30 de junio de 2020 y Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia al modificar el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo aprovecha para prorrogar la plena entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil que tendrá lugar el 30 de abril de 2021.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria ha modificado el apartado 2 del art. 5 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, quedando dicho artículo así:

«Artículo 5. Administración.
1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario del mismo, su administración, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento público de constitución.
2. En los demás casos, las reglas de administración, establecidas en el documento público de constitución, deberán prever la obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artículos 271 y 272 del Código Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior la autorización no es necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.
En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido.
En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.
3.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el administrador, podrán instar al Ministerio Fiscal que solicite del juez competente la excepción de la autorización judicial en determinados supuestos, en atención a la composición del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades derivadas de su minusvalía, la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza.
4. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como sus frutos, rendimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido.
5. En ningún caso podrán ser administradores las personas o entidades que no puedan ser tutores, conforme a lo establecido en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.
6. Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas establecidas en el documento público o resolución judicial de constitución, el juez competente proveerá lo que corresponda, a solicitud del Ministerio Fiscal.
7. El administrador del patrimonio protegido, cuando no sea el propio beneficiario del mismo, tendrá la condición de representante legal de éste para todos los actos de administración de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido, y no requerirá el concurso de los padres o tutor para su validez y eficacia».
Fundamento

Dice la Exposición de Motivos de esta Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil:

Hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores, debido a la mejora de asistencia sanitaria y a otros factores, y nuevas formas de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, enfermedad de Alzheimer y otras, que hacen aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no se haga sólo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse.
Sujetos

A los efectos del art. 2, Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad tendrán la consideración de personas con discapacidad:

a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento . b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento . 3. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.
Constitución Supuesto normal

El art. 3.3 Ley 41/2003. El patrimonio protegido se constituye normalmente en documento público, por la propia persona (si tiene capacidad de obrar suficiente), sus padres, tutores o curadores (cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente) y hasta por el guardador de hecho (con los bienes que los padres o tutores de los discapacitados le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado...

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