Patrimonio protegido de un discapacitado

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
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El patrimonio protegido de un discapacitado es aquel conjunto de bienes muebles e inmuebles destinado primordialmente a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de su productividad.

Contenido
  • 1 Justificación
  • 2 Regulación Estatal
    • 2.1 Normativa
    • 2.2 Fundamento
    • 2.3 Sujetos
    • 2.4 Constitución
      • 2.4.1 Supuesto normal
      • 2.4.2 Supuesto especial: Decisión judicial
      • 2.4.3 Contenido del documento de constitución
      • 2.4.4 Aportaciones futuras
    • 2.5 Administración
      • 2.5.1 Actos de simple administración
      • 2.5.2 Actos de disposición
      • 2.5.3 Administrador
    • 2.6 Destino
      • 2.6.1 En vida del discapacitado
      • 2.6.2 A la extinción
    • 2.7 Control de la situación
      • 2.7.1 Registro Central
      • 2.7.2 Supervisión
      • 2.7.3 Organismo de apoyo
      • 2.7.4 Constancia registral del nombramiento del representante
    • 2.8 De la inclusión o exclusión de un bien
  • 3 En Aragón
  • 4 Cataluña
    • 4.1 Concepto
    • 4.2 Elementos personales
    • 4.3 Elementos formales
      • 4.3.1 Constitución
      • 4.3.2 Administración
      • 4.3.3 Control
      • 4.3.4 Rendición de cuentas
      • 4.3.5 Extinción
      • 4.3.6 Remanente
      • 4.3.7 Publicidad registral
  • 5 Tema Fiscal
    • 5.1 Canarias
    • 5.2 Cantabria
    • 5.3 Castilla La Mancha
    • 5.4 Castilla León
    • 5.5 Cataluña
    • 5.6 Islas Baleares
    • 5.7 Navarra
    • 5.8 Principado de Asturias
    • 5.9 Comunidad Valenciana
    • 5.10 País vasco
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En doctrina
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Justificación

Una preocupación del legislador moderno, más sensible hoy a los problemas de los más necesitados de protección, es toda la materia que se refiere a las personas que padecen una minusvalía, sea física y especialmente si es psíquica; además, son muchas las personas que hoy gozan de todas sus facultades y con el transcurso de los años, debido a que la vida es cada vez más larga, llegan a una situación de deterioro físico y psíquico.

El objetivo es proteger a estas personas y uno de los medios más seguros es proteger su patrimonio, en el sentido de que se cuente con recursos económicos suficientes para su adecuada atención.

Naturalmente, no es el poder público el que va a crear este patrimonio, pero sí está a su alcance, además de las medidas normales (atención sanitaria, residencias, subvenciones, etc.) el favorecer que el propio discapacitado y su entorno (familiar, instituciones) hallen medios adecuados para formar un patrimonio del discapacitado que permita su correcta atención personal, sanitaria, etc.

Regulación Estatal Normativa

Ha sido la Ley 41/2003, de 18 de noviembre,de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil (CC), de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, la que ha creado esta figura no suficientemente divulgada y conocida. La Ley 1/2009, de 25 de marzo (entrada en vigor el 26-06-09) que reforma la Ley del Registro Civil y la Ley 41/2003 antes citada.

El Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad , modificado por el Real Decreto 1853/2009, de 4 de diciembre por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se refiere al patrimonio protegido en:

tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona. Son, por tanto, inscribibles:....12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
Es inscribible en el registro individual de la persona con discapacidad el documento público o resolución judicial relativos a la constitución y demás circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de administradores de dicho patrimonio.

Hay que advertir que la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria aplazó la plena entrada en vigor de la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio) hasta el 30 de junio de 2.018 y la Ley 5/2018, de 11 de junio ha vuelto a modificar la Disposición Final Décima de la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio) de forma que la entrada en vigor de la mayoría de las disposiciones de esta Ley entrarán en vigor el 30 de junio de 2.020.

Fundamento

Dice la Exposición de Motivos de esta Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil:

Hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores, debido a la mejora de asistencia sanitaria y a otros factores, y nuevas formas de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, enfermedad de Alzheimer y otras, que hacen aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no se haga sólo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusválido en previsión de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse.
Sujetos

A los efectos del art. 2, Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad tendrán la consideración de personas con discapacidad:

a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento . b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento . 3. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.
Constitución Supuesto normal

El art. 3.3 Ley 41/2003. El patrimonio protegido se constituye normalmente en documento público, por la propia persona (si tiene capacidad de obrar suficiente), sus padres, tutores o curadores (cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente) y hasta por el guardador de hecho (con los bienes que los padres o tutores de los discapacitados le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario).

Hay que observar que si es el guardador de hecho quien impulsa la constitución del patrimonio protegido de un discapacitado, integrará el patrimonio protegido los bienes donados por quien impulsa la constitución y además aquellos bienes del propio incapacitado que éste hubiere recibido por herencia o pensiones, en la forma indicada; cabe preguntar: cuando sean los padres, tutor o curador quienes constituyan el patrimonio del incapacitado ¿pueden formar parte del mismo los bienes del incapacitado sin ningún límite? debemos entender que sí, ya que siempre habrá el control judicial; ahora bien, el destino futuro (sucesión hereditaria) de estos bienes que eran del discapacitado no puede ser determinado por el constituyente.

Supuesto especial: Decisión judicial

Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constitución de un patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin; en caso de negativa injustificada de los padres o tutores, el solicitante podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad.

Contenido del documento de constitución

(Sea notarial o judicial). Según dispone el art. 3.3 Ley 41/2003 debe contener:

a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido.

b) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización.

c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración o conservación del mismo.

Aportaciones futuras

Después de la constitución del patrimonio protegido, es posible que se aporten más bienes. En tal caso:

  • Las aportaciones estarán sujetas a las mismas formalidades que para la constitución.
  • Deben ser siempre a título gratuito y no podrán someterse a término, pero sí regular su destino al fallecer el beneficiario, con sujeción a las normas aplicables.
  • Cualquier persona puede aportar bienes o derechos al patrimonio protegido.
Administración

No hay que confundir la representación legal de padres, tutores, etc. con el administrador del patrimonio protegido, que puede ser otro.

En efecto, como dice la Exposición de Motivos de la Ley:

Dado el especial régimen de administración al que se sujeta el patrimonio protegido, es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente, la administración del patrimonio no le corresponda a él, sino a una persona distinta, sea porque así lo ha querido la propia persona con discapacidad, cuando ella misma haya constituido el patrimonio, sea porque lo haya dispuesto así el constituyente del patrimonio y lo haya aceptado el beneficiario, cuando el constituyente sea un tercero.
Actos de simple administración

El aportante es quien establece las reglas de juego, sea el mismo discapacitado aportante, sea un tercero.

Actos de disposición

No hay problema si el aportante es el mismo discapacitado y tiene capacidad de obrar. La Ley 1/2009 despeja algunas dudas sobre qué debe entenderse por acto de disposición, al decir:

no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.

Si es un...

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