Webinar COVID-19: La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria

Este documento está disponible con registro gratuito

REGÍSTRATE GRATIS
Autor:José Vicente Mediavilla
Cargo del Autor:Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Girona
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Muy probablemente, uno de los múltiples efectos jurídicos de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 será la presentación de reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios por las personas que se sientan perjudicadas en la gestión de la pandemia por parte de los poderes públicos. Muchas de ellas, tendrán que ver con la asistencia prestada en el ámbito sanitario por parte del Sistema Nacional de Salud.

Centrándonos en el ámbito sanitario, la casuística también se aventura compleja y no exenta de dificultades, a la hora de presentar en primera instancia una reclamación de indemnización de daños y perjuicios a instancia de parte, vía art.67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que serán excepcionales, o directamente no existirán, los procedimientos que se incoen de oficio por las propias Administraciones sanitarias, posibilidad contemplada en el art. 65.

El eje de este webinar consiste en incidir sobre las cuestiones más problemáticas que se plantearán en estos supuestos y sobre los que pivotará la decisión final que se adopte en su momento, partiendo de las especialidades que presentan en cada uno de los presupuestos sobre los que se asienta la existencia de responsabilidad de la Administración como consecuencia de una lesión producida por el funcionamiento de los servicios públicos, en este caso, el sanitario.

Existen cuatro grandes bloques de reclamaciones
  1. -Ausencia de medios materiales como respiradores para los pacientes que los precisaban incluyendo los pacientes que no tuvieron acceso a las UVIS o que su entrada fue demorada en el tiempo

  2. - Falta o error de diagnóstico del Covid 19, siempre que existan indicios razonables que aconsejaban la realización de las pruebas de detección y, en cambio, no se practicaron al considerar que no se trataba de un paciente de riesgo, o, al resultar un falso negativo.

  3. - Reclamaciones de los profesionales sanitarios por falta de equipos de protección individual.

  4. - Ciudadanos que no siendo portadores del coronavirus vieron demorado, su diagnóstico, su tratamiento, la efectiva realización de una intervención quirúrgica...

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS